FONAIAP DIVULGA > Colección > Número 63 Julio-Septiembre 1999

  FONAIAP   DIVULGA  No.  63                                                                                                                Julio-Septiembre   1999


La apertura comercial y su impacto sobre los productores rurales Venezolanos 

Alberto Valle. 

Investigador FONAIAP-CENIAP Unidad de Agroeconomía
Francisca Borges V. Estudiante de Postgrado en Gerencia Agrícola. 
El Hatillo, Santa Ana de Coro. Estado Falcón.


     La actual integración comercial mundial conforma un proceso acelerado, segmentado y desigual de globalización, donde la exclusión simultánea de países (y de diversos grupos sociales dentro de ellas), representando fragmentación del sistema, todo lo cual pudiera conducir a un deterioro de la condición social, ya que afecta a los países de manera desigual, con aumento de las disparidades internacionales. En otras palabras, el optimismo de la globalización coexiste con el pesimismo local.

       Venezuela como parte integrante de los países de América Latina, ha multiplicado sus esfuerzos para integrarse exitosamente al bloque económico mundial. Diferentes acuerdos se han negociado con países del Pacto Andino, Mercosur y con algunos del Grupo de los Tres, además de interesarse por las iniciativas de las Américas, propiciada por Estados Unidos de Norteamérica hace más de una década, la cual sin embargo, prácticamente se encuentra congelada por el actual estancamiento del libre comercio en Washington, lo cual a su vez ha aletargado también la ambiciosa proposición de lanzar un área de libre comercio de las Américas (desde Canadá hasta Argentina) para el 2005. Esta posición pudiera incrementar la posibilidad de una reacción mundial antiglobalización, por lo que los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de los fracasos repetidos en su intento de avanzar   la agenda de libre comercio, ha iniciado negociaciones preliminares con Chile y cuatro países asiáticos, con la finalidad de crear una zona de libre comercio de " Los cinco del Pacífico " (Chile, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y EEUU), todo lo cual pudiera permitir a otros países a tomar nuevas medidas de liberación para poder ganar acceso al mercado norteaméricano, y presionaría a otros bloques como el Mercosur, para reimpulsar los casi olvidados (y no cumplidos) acuerdos comerciales. 

     Nuestro país presenta serias limitaciones por el conjunto de reglas impuestas por la Organización Mundial de Comercio, cuya normativa afecta por lo general a los integrantes más débiles, con limitada capacidad científica y tecnológica, impidiéndoles afrontar con éxito los desafíos económicos, sociales, políticos, culturales y  ambientales. 

      Lo que caracteriza el actual proceso de integración es una inmediata apertura comercial, basada en una cuasi-indiscriminada reducción y/o eliminación de aranceles. A corto plazo, se vislumbra la formación de un mercado común entre los países signatarios del acuerdo, establecimiento de una unión aduanera ya la globalización o liberación de mercados, la cual para ser exitosa, deberá ser compatible con la estabilidad sociopolítica nacional, abordando la dimensión humana de la globalización. 

      Con la eliminación de impuestos y tasas de cambio sobre valoradas, pareciera que este proceso fuera particularmente favorable para los productores agrícolas, ya que afectan directamente la rentabilidad del sector, a la vez que pudieran incrementar la captación de capitales foráneos para el sector agropecuario, cuya función sería la de tornarlos más competitivos. Bajo esta óptica, Venezuela pudiera ser beneficiaria de estos procesos de integración, por ser un país con determinadas ventajas comerciales, producto de relaciones informales con países vecinos. Entretanto, el verdadero reto es transformar esta situación en una ventaja real, basada en la productividad competitiva y entrar con pasos firmes al mercado global. 

       Este optimismo lo registra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual estima que los intercambios comerciales con los países en vías de desarrollo generarán para el 2005,  260 millardos de dólares adicionales por año, de los cuales 32% procederían de reformas en el sector de agricultura. Mientras, nuestra realidad es bastante alarmante, pues el aporte al PIB no petrolero presenta un déficit de 4%, lo cual sumado a los pagos de la deuda, controles económicos, inflación, desempleo y disminución de la liquidez monetaria, hacen que los inversionistas mantengan sus capitales en moneda extranjera, repercutiendo en el ahorro interno y en la inversión agregada.

Diagrama esquemático del proceso de in comercial.

      Para obtener una mejora económica nacional y lograr nuestra consolidación en el mercado, es imperativo el establecimiento de estrategias durables sólidamente concertadas, contar con suficientes recursos que promuevan la innovación tecnológica basada en la equidad y sustentabilidad bajo el enfoque de cadena agroalimentaria, la reactivación, modernización y desarrollo de la infraestructura agropecuaria (servicios básicos, vialidad y sistemas de riego), bien como un acertado programa de capacitación de los talentos humanos. 

      Ante tal escenario, la agricultura rentable y competitiva deberá ser eficiente en los  aspectos organizativos, gerenciales y técnicos, solamente realizable mediante la capacitación de las familias rurales en las tecnologías que intervienen en las etapas de la cadena, cuya verdadera concatenación solamente ocurre cuando el cambio en la realización de una actividad en una fase, es capaz de afectar positivamente el costo y/o eficiencia de las otras actividades del siguiente eslabón productivo. La prioridad debe consistir en optimizar la productividad o rendimiento de cada factor involucrado, sin el incremento de los recursos. 

      Solamente el esfuerzo mancomunado de todos los sectores productivos puede lograr este propósito, ya que el monto de inversión es tan alto que sobre pasa cualquier presupuesto individual. Corresponde al Gobierno Nacional resolver la disyuntiva entre modernización y políticas reduccionistas de recursos y servicios, la cual perdurará más allá del nuevo milenio por carecer de los recursos necesarios para enfrentar con éxito esta problemática.  Su acción será promover el flujo de financiamiento preferencial para el desarrollo de iniciativas privadas nacionales e internacionales, y de manera directa, establecer políticas agrícolas, crear infraestructuras rurales de bienestar social y proyectos de investigación aplicada y de transferencia tecnológica. 

El sector rural y la globalización 

       La implantación de estos principios no necesariamente garantiza el crecimiento sostenido de la productividad para todos los sectores de la agricultura, y el exceso de tributos pudiera empeorar las cosas, tal pudiera ser el caso del Proyecto de Reforma del Impuesto sobre la Renta, ya que como está propuesto representaría un duro golpe para el sector agrícola, el cual tendría que pagar además el Impuesto a los Activos Empresariales y asumir el pago del Impuesto al Valor Agregado, cuyas cargas impositivas harán casi imposible la reactivación del sector, impidiéndole responder a las exigencias del nuevo milenio en términos de producción de alimentos. 

       Para el sector agrícola nacional deben existir políticas diferenciadas, las cuales implican el reconocimiento de tiempos diferentes para la modernización de una agricultura sustentable, de composición variable y especificidades muy particulares, elaboradas para espacios del territorio agroecológicamente bien definidos, siendo necesaria la participación del pequeño productor en su formulación. En la actualidad se manifiesta esta tendencia con la descentralización de los servicios y proyectos participativos de desarrollo rural. 

       Las bases de esta política agrícola diferenciada, radican en la jerarquización de problemas, dictaminados mediante acción participativa de todos los entes involucrados, entre cuya base de sustentación se entrelazan aspectos organizativos, tecnológicos y alianzas interinstitucionales, con la finalidad de encaminar la factibilidad de acceso del productor rural a los tres elementos claves de la modernización: tecnología, recurso y mercado.  

        El primer obstáculo a vencer es la baja productividad, la cual deberá ser abordada de manera integral y sistémica, partiendo del diagnóstico participativo actual hasta el consumidor final, cuya meta primaria es la de incrementar los rendimientos con los escasos factores de producción disponibles. Ello implica la utilización eficiente de la herramienta tecnológica, antes de inyectar recursos materiales, en todos y cada uno de los eslabones que componen la cadena agroalimentaria, sin obviar la participación campesina en la producción, transformación y comercialización del producto. Ante tal situación, los productores deberán dedicar tiempo y esfuerzo en la identificación de las deficiencias tecnológicas, gerenciales y organizativas, y ser actores proactivos en la resolución de las mismas, cuya consecuencia inmediata será la emancipación de la dependencia del Estado. 

      La operacionalidad y éxito de los productores rurales para integrarse al mercado global, radica en la existencia de organizaciones comunitarias con sentido socio- económico, asentadas sobre las nuevas bases de competitividad. Ellas deberán buscarle solución a la baja productividad y al excesivo costo de las transacciones intermedias. En Venezuela ya se han estructurado diversas de ellas, como ASOCRICA y FUNDACEBOLLA (Lara), FOGASOA y FONLECHE (Táchira), FUNDARROZ (Guárico) y FONINPAL (Monagas), en su mayoría con estructuras gerenciales operativas, administradas con recursos propios provenientes del aumento de capital, prestación de servicios (capacitación y asistencia técnica) y aportes de los productores/socios,  cuya finalidad es dar respuesta investigativa a los diversos problemas que confronta cada sector. 

        Uno de los roles importantes de estas asociaciones radica en ser la representación oficial vinculante con otros sectores de la economía (gobierno, empresas agropecuarias, de servicios agroindustriales y de financiamiento), con lo cual se beneficiaría la llegada al mercado de la producción campesina. Bajo este marco, se hace imperante la reestructuración de las instituciones existentes (ampliamente debilitadas después de la crisis de los 80), y la creación de otras de carácter local, vinculadas a otras de ámbito regional y nacional, las cuales deberán ser perdurables y favorecidas por las organizaciones existentes, tanto públicas como privadas. Este tipo de instituciones, catalogadas como "emancipadoras", deberán tener como prioridad el incentivo del talento humano de la población rural fortaleciendo las asociaciones, la transferencia tecnológica de bajo costo, la capacitación administrativo- contable de los productores, la planificación estratégica de diversidad agrícola y la incorporación del valor agregado de la producción (tecnología postcosecha, procesamiento y empaque), que indiscutiblemente es lo que origina el ingreso del producto al mercado. 

        El Estado deberá velar por brindar una sólida orientación económica, producto del esfuerzo mancomunado de capacitación, capaz de proporcionar al productor rural una base empresarial firme y una visión conjunta del equilibrio necesario en el proceso productivo. 

Conclusiones y recomendaciones 

        De no modificarse la forma y el fondo de los acuerdos internacionales sobre la materia, los sectores campesinos corren el riesgo de ser destruidos por la globalización. Se hace necesario una política extensiva de medidas y negociaciones, con el propósito de reducir el conflicto que pudiera surgir con la adopción de perspectivas divergentes y recuperar el control democrático sobre el mercado. 

         Las particularidades de la agricultura venezolana ofrecen un serio desafío para la integración, en especial para los pequeños productores rurales, los cuales pueden realmente correr serios riesgos durante el proceso. Su nivel tecnológico y productivo no se corresponde con el actual desafío de competitividad, agravado por las serias restricciones de los recursos disponibles. Estas debilidades deberán ser superadas, mediante el establecimiento de estrategias macrorregionales que permitan su eficiente incorporación al sistema. El desafío de nuestro productor agrícola es la modernización de modelos productivos ancestrales, incorporando cambios técnicos estructurales, que le permitan alcanzar altos grados de competitividad, con impactos positivos en el nivel de ingresos en su ámbito agroecológico, racionalizando el uso de los recursos naturales a su disposición, a la vez que propicien alianzas con otros sectores para el establecimiento de agroindustrias rurales. 

          Para los pequeños productores, las actuales políticas de integración pudieran representar el "hercolubus" del campesinado, si en las nuevas negociaciones no se establece una diferenciación para los diversos actores, con enfoques sectoriales y particulares bien definidos, y en cuya elaboración deberán estar presentes los elementos locales de tradición sociocultural y de producción. Ello conllevaría la transformación de algunos sectores de productores en empresarios agropecuarios, mientras que otros, por su precariedad adaptativa, pasarían a otros sectores de la economía o convertirse en asalariados de los primeros.

 

Bibliografía 

BRUNO, M. 1995. Foreword. Global economic prospects and the developing countries. The World Bank. Washington, OC., EEUU. 

CACERES, G. 1998. Una visión holística del sector agroalimentario venezolano frente a la globalización. Simp. Intern. "Globalización y sistemas agroalimentarios". Ed. Fundación Polar, p 24-25. 

GUTIERREZ, A. 1998. Reformas e integración económica: efectos sobre el comercio exterior agroalimentario entre Venezuela y Colombia. Ed. Fundación Polar. 176 p. 

HERNANOEZ, C. y R. URRIOLA. 1993. Los pequeños productores agropecuarios y la apertura comercial. IICA-ILOIS, Quito, Ecuador. 116 p.

LACKI, P. 1996. Rentabilidad en la agricultura: con más subsidios o con más profesionalismo? Boletín FAO. Santiago, Chile. 20 p. 

REZENOE, M. y G. CASTRO. 1995. El desarrollo agrícola en el nuevo marco macroeconómico de América Latina. Boletín FAO. Santiago, Chile. p.71 

SAGASTI, F., J. IGUIÑIZ y J. SCHULOT. 1998. Equidad, integración social y desarrollo: El desafío de América Latina en el siglo XXI. Foro Internacional Agenda Perú. Lima. 

TUSSIE, 0.1997. El margen de maniobra en las nuevas normas del comercio internacional. Rev. Capítulos NE50. SELA.